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La falta de un marco jurídico que proteja estas estructuras y la constante contaminación son algunos de los factores que expertos del área critican a las autoridades del país.
Chile cuenta con el 82% de los glaciares de América del Sur, sin embargo, a causa del cambio climático y el polvo que genera la actividad minera, sector estratégico del país, su destrucción se ha acelerado en el último tiempo, amenazando una de las mayores reservas hídricas del planeta. Aunque la relación causa-efecto es todavía difícil de establecer, para Frabrice Lambert, profesor de climatología de la Universidad Católica de Chile la actividad minera podría representar un auténtico peligro para los 24.114 glaciares que hay en Chile. «El polvo que generan las mineras se posa en los glaciares cubriendo la superficie blanca (refractaria a los rayos del Sol) y esas partículas absorben la energía solar y provocan el deshielo rápido de los glaciares», explica Lambert, antes de recordar que «la mayoría de los glaciares de Chile están en torno a alguna mina». Un argumento que no comparte Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero chileno, quien asegura que «más del 70% de la actividad minera se desarrolla en zonas donde no hay glaciares» y además, «ya existe en la legislación actual una cierta protección que impide que las compañías mineras hagan daño a glaciares existentes», agrega. Pero Lambert recomienda «realismo»: «No se van a cerrar las minas de aquí a cinco años pero hay que encontrar una manera de proteger los glaciares sin destruir la industria minera, que es esencial para la economía del país». El ausente marco legal y la batalla de las mineras Dada la situación, Pilar Moraga, abogada y especialista en derecho medioambiental, ve como un punto urgente la creación de un marco jurídico que proteja de manera específica a los glaciares del país. En 2014, se presentó un proyecto de ley en el Congreso para prohibir ciertas actividades industriales peligrosas en los alrededores de los glaciares. Varias modificaciones lo fueron despojando de su objetivo principal hasta que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera decidió enterrarlo definitivamente en junio pasado. Según el gobierno, basta con la regulación general del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), cuyo objetivo es preservar la diversidad biológica del país, protegiendo los Parques Nacionales o las Reservas Nacionales. Los especialistas critican esta decisión ya que, alegan, los glaciares no siempre están en parques protegidos. «En Chile, 86,4% de los glaciares se encuentran en zonas protegidas, pero en el centro y norte del país, donde la escasez de agua es cada día más acuciante, los glaciares están sin protección», aclara Lambert, antes de puntualizar que en estas regiones «las proyecciones climáticas anuncian una caída de las precipitaciones del 30% en los próximos cincuenta años». «Desde 2005, ha habido seis o siete proyectos de ley de protección de glaciares presentados por senadores o diputados, pero siempre ha habido un bloqueo por el sector minero», lamenta Sara Larraín, directora de la ONG Chile Sustentable. Por su parte, los representantes de la industria minera niegan haber ejercido presiones y se felicitan de la reciente retirada del proyecto de ley. «El gobierno adoptó una decisión seria que tenía un coste político. Una decisión bien analizada», explica el presidente del Consejo Minero. Mientras por el momento se ha enterrado toda esperanza de contar con una ley específica para la preservación de los hielos, hace unas semanas la entonces ministra de Medio Ambiente, Marcella Cubillos, anunció la creación de comisiones regionales compuestas por expertos para encontrar «una solución eficaz para proteger los glaciares». Al mismo tiempo, dos proyectos siguen en suspenso: la reforma del Código de Aguas, para prohibir «los derechos de suministro de agua de glaciares». De la misma forma, está paralizada la moción presentada por el diputado Guido Girardi (PPD), con el mismo objetivo, que pretende que los glaciares se conviertan en «bienes nacionales de uso público» protegidos por la ley, para autorizar únicamente actividades turísticas y científicas.
Fuente: Emol.com
