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En el marco de la transferencia de recursos por parte del Ministerio de Economía al SEA, con el propósito de agilizar grandes inversiones, fue contratada a honorarios una funcionaria en el órgano evaluador que coordina reuniones de lobby para Anglo American con otros servicios del Estado, a la vez que elabora informes consolidados.
Fuente Interferencia
Al menos desde septiembre de 2019 Anglo American contó con la colaboración de una trabajadora a honorarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), quien coordinó –e incluso gestionó– sus reuniones de lobby con distintos servicios del Estado que participan en la calificación ambiental de un proyecto.
Ésto, dos meses después de que la multinacional con sede en Londres ingresara en julio de 2019 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto Los Bronces Integrado, que pretende desarrollar tres nuevas fases de explotación minera, una de ellas muy próxima al Santuario de la Naturaleza Fundo Yerba Loca, en la comuna de Lo Barnechea.
Documentos que conoció INTERFERENCIA muestran que los contactos entre el SEA y Anglo American se produjeron incluso antes del ingreso de Los Bronces Integrado al SEIA, pero la coordinación de las reuniones por parte de la funcionaria –Carolina Negrete Leal, ingeniera civil en geografía– recién se empezaron a ver a partir de septiembre del año pasado.
El contexto histórico: un gobierno reactivador de la economía
Todo este contacto estrecho entre la minera y el SEA, a través de Negrete, tiene un inicio y un nuevo actor que aparece en el escenario con el ascenso de Sebastián Piñera por segunda vez al poder: la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), dependiente del Ministerio de Economía, creada mediante decreto presidencial el 14 de mayo de 2018, y que «actúa como punto de contacto en el Estado para todos los emprendedores e inversionistas que enfrentan problemas o dudas en el proceso de obtención de permisos requeridos para llevar adelante sus iniciativas», según se lee en un documento del propio organismo.
Sobre esa trama, la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, en nombre de la Oficina GPS, que patrocina la nueva iniciativa de Anglo American, comenzó a transferirle recursos al SEA desde enero de 2019. En el convenio suscrito entre ambas partes, se especificó que el acuerdo tenía como objetivo «implementar mejoras de gestión que hagan más eficiente los procesos internos de tramitación». Marco en el cual Negrete fue reclutada en 2019.
Una de las preocupaciones que tenía Sebastián Piñera Echenique al asumir nuevamente como presidente en 2018 era la inversión en Chile. Decisiones de la administración pasada, como cerrarle la puerta al proyecto minero Dominga –controlado por su amigo Carlos Alberto Délano– habían alarmado a la coalición de Chile Vamos, y por lo mismo, dos meses luego de asumir, el Mandatario firmó el decreto que creó la Oficina GPS, con el fin de apresurar las inversiones. «Poner en marcha estos proyectos es fundamental para que Chile vuelva a crecer con fuerza», dijo Piñera ese día de mayo de 2018.
El decreto 99 determinó que la Oficina GPS depende del Ministerio de Economía y Fomento, y funciona como secretaría ejecutiva de un «comité asesor de proyectos sustentables», integrado por las subsecretarías de Economía, Defensa, Obras Públicas, Salud Pública, Agricultura, Minería, Bienes Nacionales, Energía, Medio Ambiente y Patrimonio Cultural.
La mayoría de estos organismos participan derechamente –y por ley– en la calificación ambiental. Por esta razón, una nota de El Mostrador reveló la preocupación de grupos ambientalistas sobre el nivel de parcialidad que se podría producir en la evaluación de las iniciativas patrocinadas por la Oficina GPS, entre las que se encuentra Los Bronces Integrado de Anglo American.
En tanto, la Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho y la Junta de Vecinos Las Varas Camino a Farellones –dos agrupaciones que rechazan la aprobación de Los Bronces Integrado– presentarán una solicitud de dictamen este lunes 27 de julio a la Contraloría General de la República, alegando ilegalidades en el convenio entre el Ministerio de Economía y el SEA.
«En la evaluación de los proyectos patrocinados por la Oficina GPS las comunidades que se encuentran en el área de influencia de éstos se enfrentan no sólo al titular, sino que a éste respaldado por el Estado –a través de GPS– y a la gestión realizada por esta oficina ante diversos organismos del Estado, entre los que se incluyen quienes deben efectuar observaciones durante el procedimiento de evaluación y fiscalizar, una vez obtenida la respectiva autorización, y además al propio organismo evaluador», señala el escrito al que INTERFERENCIA accedió en exclusiva.
La intervención de Economía sobre el SEA
A pesar de los resquemores sobre GPS, no se había indagado acerca de los detalles y las movidas de esta instancia nueva, que apenas tiene dos años desde su creación, y que calcula en más de US$ 69 mil millones la inversión que se producirá durante los próximos cinco años con los «proyectos sustentables» que coordina, donde el sector de la minería abarca un 42% de esta cifra, con casi US$ 29 mil millones.
INTERFERENCIA conoció varios antecedentes obtenidos vía Ley de Transparencia con el SEA, así como también con el Ministerio de Economía y Fomento, los que hablan de una intervención de esta última cartera en el SEA, la que comenzó con un convenio firmado entre ambas partes el 22 de enero de 2019.
En ese trato (ver documento), firmado por el entonces subsecretario de Economía Ignacio Guerrero Toro (Evópoli) y Javier Naranjo Solano como director ejecutivo subrogante del SEA, se acordó «llevar a cabo un plan de trabajo y coordinación que permita dar visibilidad a la tramitación de proyectos de inversión, así como implementar mejoras de gestión que hagan más eficiente los procesos internos de tramitación».
Entre las actividades asociadas en este convenio, en el que se transfirieron $ 73 millones, el SEA se comprometió a «evaluar riesgos críticos para la evaluación de proyectos estratégicos, e informar a la Oficina GPS siempre que sea pertinente», además de «velar por la eficiencia, eficacia y coordinación en las observaciones de los Oaeca’s [Órganos de Administración del Estado con competencia Ambiental, que participan en la evaluación ambiental de una iniciativa] y sus pronunciamientos, en particular para proyectos estratégicos».
Para la Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho y la Junta de Vecinos Las Varas Camino a Farellones este convenio está fuera de la legalidad, razón por la cual este lunes 27 de julio ingresarán un escrito a la Contraloría General de la República, pues considera que compromisos como estos, suscritos por medio de un simple acuerdo de transferencias, están fuera del mandato del SEA.
«Sin perjuicio de la manifiesta falta de especificidad de la función encomendada, entendemos que una evaluación de riesgos críticos de proyectos estratégicos al interior del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no se ajusta a derecho, en la medida que implica el desarrollo de una función para la cual el SEA no cuenta con autorización legal», señala el documento que ingresará a Contraloría. Y agrega: «Implica que el evaluador [SEA], durante la evaluación ambiental de un proyecto estratégico, deberá ponerse en el lugar del proponente y evaluar por él los riesgos críticos que enfrenta su proyecto o actividad en el transcurso del procedimiento de evaluación, lo que evidentemente no se ajusta al principio de probidad ni de imparcialidad al que debe ceñir su actuar».
A propósito de estas inquietudes, INTERFERENCIA envió varias preguntas al SEA, para consultar qué entiende como concepto de riesgo crítico. Al respecto el organismo evaluador respondió: «distintos aspectos que se deben tener en consideración para analizar la complejidad que puede tener un proyecto en el marco del SEIA, asociado a materias como las siguientes (…) Aspectos ambientales: por ejemplo, existencia de áreas protegidas o especies en categorías de conservación en el área de influencia del proyecto, emisiones, demanda de recursos hídricos, impactos sobre recursos naturales, etc. Aspectos territoriales: por ejemplo, existencia de grupos humanos en el área de influencia cuyos sistemas e vida y costumbre puedan ser afectados, reasentamientos, cercanía a comunidades indígenas, etc (…)».
«Estos son temas que se deben tener en consideración y analizar para todos los proyectos que ingresan al SEIA, es parte del análisis global e integrado que se debe hacer de los proyectos y que permite determinar los aspectos que puedan ser más complejos de la evaluación ambiental», continúa la respuesta.
Nuestro medio también consultó al SEA sobre la razón por la que en el convenio se estipula una preferencia relacionada a proyectos estratégicos, sin embargo no hubo respuesta a aquello.
El convenio entre Economía y el SEA se renovó a inicios de este año por medio de otro acuerdo por $ 92 millones. En este último documento (ver aquí) ya no se mencionan las actividades antes comprometidas por el SEA, pero sí se establecen gestiones relacionadas a la tramitación de los proyectos de inversión.
El lobby en favor de Anglo American
A fines de junio de 2019, en Bonn, Alemania, en medio de una Conferencia de Cambio Climático, la actual ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, descartó algo que estaba en suspenso: la firma por parte de Chile del Acuerdo de Escazú, que comprometía a los países firmantes a garantizar el acceso a la justicia en temas ambientales. «Chile tiene el compromiso de aumentar la participación ciudadana, el acceso a la información y la justicia ambiental. Toda nuestra legislación cubre esto más allá que el Acuerdo de Escazú», dijo Schmidt según consignó El Desconcierto, dando un portazo que resuena hasta el día de hoy.
Ese mismo mes y año, y con cargo a los fondos transferidos por el Ministerio de Economía, el SEA –representado por su actual director Hernán Brücher Valenzuela– firmó un convenio de honorarios con la ingeniera Carolina Negrete Leal, quien ya aparecía con salario de $ 3,5 millones en el SEA desde marzo de 2019, según Transparencia Activa.
En el contrato se estipuló que Negrete debía rendir cuenta de sus actividades a la autoridad del SEA, y se especificó que uno de los objetivos era «apoyar en el compromiso del Servicio a cumplir con la tramitación oportuna de permisos, en el marco del […] Convenio de Transferencia de Recursos y sus Anexos entre la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y el Servicio de Evaluación Ambiental».
En ese entonces faltaba todavía para que Los Bronces Integrado ingresara su Estudio de Impacto Ambiental al SEIA, pero, según sus informes de actividades de 2019, en abril Negrete ya había participado en un «taller técnico con diversos servicios para el proyecto EIA Los Bronces Integrado del titular Anglo American», además de otro similar el mes que siguió: «Específicamente el día 14 de mayo se participó en taller técnico con Ministerio de Medio ambiente para el proyecto EIA Los Bronces Integrado del titular Anglo American».
INTERFERENCIA le preguntó al SEA quién fue el organizador de esta actividad de mayo, pero no se obtuvo respuesta.
En otro informe -de junio de 2019- y antes de que la ciudadanía se enterara formalmente de que Anglo American propondía métodos de minería subterránea en su faena ubicada en la cordillera, Carolina Negrete afirmó que el día 19 de ese mes había participado «en el Seminario Internacional Hacia una minería subterránea sin efecto en superficie: tecnología para la sustentabilidad», patrocinada por Anglo American y en la que se dio a conocer, en palabras de la empresa: «el método de minería subterránea sublevel stoping con relleno, que utilizará el proyecto Los Bronces Integrado en su fase subterránea, y experiencias internacionales en el uso de esta tecnología, en países como Suecia, España y Canadá».
En la instancia expuso el entonces subsecretario de Minería, Pablo Terrazas –actual vicepresidente de Corfo– junto con Felipe Purcell, quien en la actualidad se desempeña como vicepresidente de proyectos sustentables de la multinacional con actividad en Chile.
También previo a que se concretara el ingreso de Los Bronces Integrado al SEIA –el que aún está en calificación– y según un documento proporcionado por el Ministerio de Economía, la Oficina GPS coordinó en apoyo al SEA presentaciones técnicas de Los Bronces Integrado a diversos servicios que participan en los procesos de evaluación.
«Esta presentación anticipada fue solicitada por la empresa al SEA debido a que la complejidad del proyecto requería que los servicios conocieran el proyecto previo a su ingreso a tramitación ambiental de manera tal que se pudiera robustecer las medidas ambientales de compensación del proyecto», aseguró GPS.
Los organismos que recibieron estas presentaciones técnicas fueron el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Dirección General de Aguas (DGA), la Dirección de Vialidad, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y el Consejo de Monumentos Nacionales.
INTERFERENCIA consultó al SEA por qué se debía intervenir en actividades que tenían como objetivo «robustecer las medidas ambientales de compensación del proyecto», previo al ingreso del Estudio de Impacto Ambiental. Esto no fue respondido directamente. Sin embargo, desde el Servicio dicen que «si un titular de proyecto, cualquiera sea, solicita reuniones con Oaecas previo al ingreso al SEIA, éstas se gestionan, en el contexto de nuestro rol de administrador del SEIA y siempre en el marco de la Ley del Lobby. Por lo tanto, las reuniones que se gestionan dependen de la solicitud de los titulares y se realizan en los mismos términos para todos los solicitantes».
Las reuniones que siguieron posteriormente al ingreso en el SEIA de Los Bronces Integrado en buena parte fueron coordinadas –o incluso gestionadas– por Carolina Negrete Leal. Este es un listado de lo que ella misma indicó, de manera textual, en sus informes de actividades entregados a la autoridad:
– Agosto 2019: Coordinación presentación del proyecto a Oaeca’s.
– Septiembre 2019: Coordinación reuniones de lobby / Reuniones con Oaeca’s de presentación del proyecto (Subsecretaría de Medio Ambiente, Sernageomin, DGA, SAG, Conaf, Seremi de Agricultura, Municipalidad de Colina, Municipalidad de Lo Barnechea, Dirección de Vialidad).
Si bien desde el SEA informan que en enero de 2020 se modificó el contrato entre el Servicio y Negrete, sacando el punto en el que se indica que debe apoyar el cumplimiento de los compromisos entre el SEA y el Ministerio de Economía, los informes de actividades de la trabajadora dicen lo siguiente:
– Enero 2020: Gestión y coordinación de reuniones de lobby entre Titular y Oaeca’s: Anglo – SEA – SAG / Anglo – SEA – Conaf / Anglo – SEA – DGA.
– Marzo 2020: a. Coordinación reunión de lobby Sernageomin – AngloAmerican – SEA / b. Coordinación taller de glaciares: Anglo American, SEA, DGA, MMA.
– Abril 2020: Coordinación reunión de lobby tema glaciares: Angloamerican, SEA, DGA, MMA.
En los informes de actividades realizados por Negrete (ver en archivos adjuntos) también se mencionan gestiones similares pero relacionadas al proyecto Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi, perteneciente a la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, que también está vinculada a Anglo American, pues esta última tiene un 44% de propiedad.
Nuestro medio le consultó –a su vez– al Ministerio de Economía, del que depende la Oficina GPS, si es que todos los titulares de proyectos que ingresaban al SEIA tenían este beneficio de contar con una trabajadora coordinando reuniones, solventado eso con recursos públicos.
En su contestación la entidad dice que «la contratación de la funcionaria por la que se consulta, tal como se señala en el convenio, es parte del proceso de fortalecimiento de la gestión de los procesos internos del respectivo servicio y, como tal, ha participado en la evaluación de otros proyectos, además de cumplir funciones adicionales de apoyo determinadas por el Servicio de Evaluación Ambiental».
Respecto de la asimetría que se produce con la atención estatal que reciben las comunidades afectadas por estas iniciativas mineras, desde el Ministerio de Economía explican que «la transferencia de recursos establecida en el convenio, tal como señalan sus objetivos, apunta a implementar mejoras de gestión que hagan más eficientes los procesos internos de tramitación del respectivo servicio y, con ello, propender un proceso de evaluación transparente y sustentable en beneficio de las comunidades y el país».
¿Labor de funcionaria a honorarios?
Las observaciones que los distintos servicios u Oaecas le realizan a un proyecto determinado se agrupan en un Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones, también conocido por su sigla Icsara.
Según los informes de actividades de Negrete, ella trabajó en la elaboración de este documento entre los meses de septiembre y noviembre de 2019. En septiembre también coordinó reuniones de lobby de Anglo American, por lo que INTERFERENCIA le preguntó al SEA sobre los temas que se habían tratado en estas instancias.
«Las materias tratadas en las reuniones solicitadas por Ley de lobby, están publicadas según lo que corresponde en dicha plataforma», dicen desde el organismo, lo que lleva a información escasa y meramente enunciativa de ciertos tópicos a ser abordados.
En la solicitud que ingresará este lunes a la Contraloría General de la República, la Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho y la Junta de Vecinos Las Varas Camino a Farellones también cuestionan que una trabajadora a honorarios sea evaluadora de un proyecto.
Frente a eso, desde el SEA responden que Negrete «no sólo es la evaluadora de este proyecto en cuestión, ella también ha participado en la evaluación de otros proyectos, así como cumplir con otras actividades de apoyo al Departamento que pertenece».
