La protección de los acuíferos subterráneos y de los ecosistemas asociados fueron los puntos centrales de las presentaciones realizadas, vía telemática, por el docente de Ingeniería Agrícola, José Luis Arumí Ribera, y la académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, Verónica Delgado Schneider, ante la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado.
Ambos académicos, al igual que la directora del Centro EULA, Alejandra Sther Gesche, han sido invitados a exponer, como especialistas, en el contexto de la discusión del proyecto de ley que regula el uso subterráneo de las aguas, consiste en la modificación del artículo 59 del Código de Aguas, que se realiza en la Comisión.
El Dr. Arumí puso el acento de las brechas de conocimiento científico para abordar los desafíos de un uso sustentable de los acuíferos subterráneos y la importancia que, en ese contexto, tienen centros especializados como el de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (Crhiam) del que tanto él como la Dra. Delgado forman parte.
El investigador citó como ejemplo las dificultades para establecer adecuadamente los balances entre la disponibilidad y usos del recurso hídrico en sistemas de aprovechamiento común de aguas, así como la estimación de las recargas de los acuíferos, considerando el escenario actual de cambio y variabilidad climática.
Por otro lado, agregó que existe escasa información de base sobre las dinámicas de los acuíferos subterráneos, ya que existen pocos pozos de monitoreo a lo largo del país que den cuenta de su estado real y su capacidad de sostener sistemas aledaños como vertientes, ríos y humedales y la sustentabilidad de sus ecosistemas.
Por otro lado, a juicio del académico, los planteamientos del proyecto podrían generar problemas de equidad en el futuro, entre pequeños, medianos y grandes empresarios que necesiten construir pozos, puesto que los últimos -dijo- van a contar con todos los recursos para acceder a asesorías y demostrar si sus obras afectan o no la sustentabilidad de los cuerpos de agua.
“Entonces, se requiere mejorar las capacidades científicas de la Dirección General de Aguas y del Ministerio del Medio Ambiente. Y eso se vincula con las universidades; nosotros estamos haciendo un trabajo enorme de investigación, principalmente a través de centros de excelencia como el Chriam. Nosotros podemos ser un aporte a la política pública, pero en estos momentos no está asegurada la continuidad de estos centros de excelencia”, acotó el académico.
Ambos académicos destacaron la oportunidad de contribuir, desde la UdeC, al debate en temas tan relevantes para el país como lo es el uso de las aguas subterráneas.
En ese contexto, la Dra. Verónica Delgado expresó que el Programa de Derecho del Agua y Cambio Climático (DAAC), del cual es directora, se dedica a hacer un seguimiento permanente los proyectos relativos a los recursos hídricos, informando a la ciudadanía y propiciando la participación de profesores con el fin de mejorar las normas discutidas.
“Esto es muy relevante, especialmente en aguas subterráneas, pues tenemos un grave problema como país y necesitamos un derecho de aguas preparado para el siglo 21”, expresó.
La investigadora puso el acento en la necesidad de “ambientalizar” el derecho de aguas, en el sentido de resguardar el agua y sus ecosistemas asociados para las futuras generaciones, lo que significa dejar atrás la sobre explotación y trabajar en su sustentabilidad.
“Hay que ambientalizar el código de aguas, para que sea un Código de Aguas del siglo 21, que regule la protección y el uso sustentable de las aguas y no solo que se ancle en los proyectos de aprovechamiento”, expresó.
Y si bien reconoce que el proyecto de ley en discusión es un avance para la protección de las aguas subterráneas, propuso agregar los ecosistemas asociados a los acuíferos subterráneos a las garantías de protección incluidas a la reforma del artículo 59 del Código de Aguas, así como el respecto a la recarga natural de estos cuerpos de agua como limitaciones en su explotación.
Por otro lado, desde sus perspectiva se debe incluir un inciso adicional que entregue a la Dirección General de Aguas la responsabilidad de establecer las condiciones necesarias para garantizar el uso sustentable de las aguas subterráneas.
Al término de las exposiciones, la senadora y presidenta de la Comisión, Adriana Muñoz, valoró los aportes de los académicos. “Entregan un insumo muy importante para el debate de este proyecto. Estamos impactados de la profundidad, del detalle, del análisis de proyecto y de la comparación con otros cuerpos legales; ha sido un aporte muy importante”, afirmó.