Noticias
- Diversas organizaciones socioambientales de la región de Aysén, celebran la acción de parlamentarios, que busca declarar la inconstitucionalidad de la indicación aprobada recientemente en el Senado, cuyo objetivo era limitar la aplicación de la Ley Lafkenche y el legítimo derecho de solicitar y gestionar los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) para las comunidades.
Coyhaique, 28 de noviembre de 2024.- Desde Aysén, una veintena de organizaciones socioambientales han expresado su apoyo al requerimiento presentado este jueves ante el Tribunal Constitucional por 41 parlamentarios. Este requerimiento busca declarar inconstitucional la indicación que limitaba la aplicación de la Ley Lafkenche -N° 20.249- por un período de un año, y que fuera propuesta por los diputados de la regiones de Aysén y de Los Lagos, Marcia Raphael y Mauro González, respectivamente, durante la discusión del presupuesto 2025, y aprobada en el Senado.
La indicación, considerada inconstitucional por las organizaciones de Aysén y los 41 parlamentarios, suspendía el ingreso de nuevas solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) y limitaba la tramitación de las solicitudes de ECMPO, a un plazo de seis meses, período en que los servicios públicos pertinentes deberían resolver estas peticiones. De no resolverse en ese período, las ECMPO se entenderían rechazadas, imponiéndose así un sesgo no contemplado en la Ley Lafkenche, que regula estos espacios marinos.
“Este acto es lamentable porque obedece a intereses de otros sectores y no a la mayoría de los ciudadanos del país, y de la región, junto con atentar contra un derecho fundamental constituido para la protección del borde costero, objetó Daniel Caniullán Huentel, reconocido dirigente y miembro de comunidad Indígena Pu Wapi, titular de solicitud de ECMPO en la Región de Aysén. “Los territorios que hoy en día se defienden a través de la Ley Lafkenche están cada día más frágiles producto de la contaminación, proliferación de basurales, balsas jaulas, que se alojan en los canales de la Patagonia, cosa que no parece importarle a estos parlamentarios”, agregó Caniullán.
La presidenta de la comunidad Fotum Mapu de Islas Huichas, Sofía Cabero Risco, calificó la aprobación de la indicación como “un nuevo acto de racismo y brutal ataque a los derechos, que han sido vulnerados sistemáticamente por las autoridades elegidas democráticamente, que hoy lejos de representar a su pueblo, se cuadran ante los intereses de la industria salmonera”, señalando a la diputada Raphael, recalcando que “la suspensión de la ley lafkenche representa un retroceso en los derechos territoriales y culturales de los pueblos originarios, que están amparados bajo los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país”.
Las organizaciones que respaldan la acción parlamentaria, encabezada por la diputada mapuche, Emilia Nuyado Ancapichún (PS), cuestionaron la indicación presentada por Raphael y González, que busca fortalecer mañosamente la salmonicultura en la Patagonia, actividad intensiva que está siendo crecientemente cuestionada a nivel nacional e internacional debido a su insustentabilidad y a los impactos ambientales y sanitarios que se hacen cada vez más evidentes en las aguas y territorios australes. Esto debido a los episodios de virus ISA, florecimientos de Algas Nocivas (FAN) y a la contaminación por desechos, residuos químicos e infraestructuras en desuso, que se puede encontrar en los alrededores de los centros de cultivos de salmón, inclusive en Áreas Silvestres Protegidas.
“Lamentablemente está en curso una grave campaña de la industria salmonera que atenta contra la democracia y los Derechos Humanos. Ello, con llamados a excluir a ciertos sectores de la sociedad y organizaciones sociales del debate público y pretendiendo, por medio de parlamentarios afines, restringir la aplicación de una norma de Derechos Humanos como es la Ley Lafkenche, a través de una indicación en la Ley de Presupuesto. Esta es una norma inconstitucional y regresiva, que esperamos sea revertida por el Tribunal Constitucional; en tanto afecta no solo a la Ley Lafkenche, sino que proyecta un riesgo para todo Derecho Humano, que el día de mañana podrían ser gravemente restringidos vía Ley de Presupuesto. No podemos permitir que nuestros Derechos sean vendidos por plata” señaló Erwin Sandoval Gallardo, presidente de Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén.
Las organizaciones que respaldan esta nota son: Agrupación Ambiental y Socio Cultural Antukulef de Chile Chico, Agrupación Aysén Reserva de Vida, Agrupación Cultural Malotun Ortiga, Agrupación Cultural Trinchera Utopía Biblioteca, Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique, Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas de Chiloé, Agrupación Cultural Atelakoya Tribal de Coyhaique, Aysén Mira el Mar, Colectiva Feministas Rebeldes Australes de Coyhaique, Comunidad Indígena Antunen Rain de Islas Huichas, Comunidad Fotum Mapu, Comunidad Pu Wapi, Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Consejo Vecinal de Desarrollo Villa Mañihuales, ONG Ecosistemas, Feministas Malezas Indómitas de Puerto Aysén, Fundación Centro de Investigación y Transferencia Científica de Aysén – AyCiencia, Junta de Vecinos N°8 de Puerto Guadal, Organización Salud, Energía y Medioambiente de Puyuhuapi, Modatima Chile, junto a Carlos Torres, presidente de la Federación Flota Norte de Puerto Cisnes, y Paolo Matissine, director de la Fundación Costera Patagonia y Museo de Islas Huichas.
