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El proyecto hidroeléctrico, a cargo de la empresa estatal China International Water and Electric Corporation, enfrenta acusaciones por ilegalidades, violaciones de tratados internacionales, amenazas al ecosistema y a comunidades Mapuche-Pewenche.
Lunes 27 de enero 2025
Organizaciones y comunidades indígenas denuncian que la Central Hidroeléctrica Rucalhue, proyectada en la zona alta del río Biobío, vulnera derechos humanos, ambientales y culturales, incumpliendo compromisos internacionales y exacerbando conflictos históricos con las comunidades Mapuche-Pewenche.
La Central Rucalhue es una hidroeléctrica de pasada que intervendría nuevamente el río Biobío, para generar energía eléctrica que sería inyectada al Sistema Eléctrico Nacional, con una potencia instalada de 90 MW y una generación media anual estimada de 465 GWh. El embalse tendría una extensión aproximada de 6,5 km por el río Biobío y 1,2 km por el río Quilme, impactando una superficie de hasta 140 hectáreas.
Su construcción, a cargo de la empresa estatal China International Water and Electric Corporation, ha encendido las alarmas por sus graves impactos sociales, culturales y ambientales. Diversas organizaciones han denunciado que el proyecto representa un retroceso en la protección de derechos humanos e indígenas en Chile, acusando al Estado de incumplir compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, al no realizar consultas previas, libres e informadas con las comunidades afectadas, y el Acuerdo Amistoso firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2004, el cual prohíbe la construcción de nuevas represas en territorio indígena del Biobío. Además de no realizar la necesaria evaluación de los impactos acumulativos, considerando las represas ya existentes en el río Biobío.
Fotografía de la tala de bosque nativo efectuada por la empresa en la zona @DarioCuellasArellano
Francisco Astorga, abogado de ONG Defensa Ambiental, señaló: “Este es un proyecto que ha sido aprobado sin el estándar legal correspondiente y es por eso que lo estamos impugnando a través de un Recurso de Protección por falta de Consulta Indígena en base al Convenio 169 de la OIT. Además, estamos preparando un Recurso de Invalidación en contra de la ampliación ilegal del proyecto a través de una consulta de pertinencia, ya que lo que correspondía, dada la magnitud de la modificación del proyecto, es haber evaluado esa modificación a través de un Estudio de Impacto Ambiental.”
Desde la década de los 90, el río Biobío ha sido profundamente transformado por megaproyectos hidroeléctricos como Pangue (1993), Ralco (2004) y Angostura (2014), los que en su conjunto, representan el 20% de la capacidad hidroeléctrica instalada en Chile. Estas intervenciones han devastado el ecosistema fluvial y han afectado irreparablemente a las comunidades Mapuche-Pewenche que han habitado ancestralmente la zona. Según las denuncias, la Central Rucalhue perpetúa este patrón, al ignorar acuerdos previos que garantizaban la no intervención hidroeléctrica en territorio indígena.
Fernanda Purrán, integrante de la Agrupación Malen Leubü, señaló: “Para las comunidades, el río no es simplemente una fuente de agua, sino que es un ente sagrado que forma parte de nuestra identidad y cosmovisión. Esta conexión se manifiesta en ceremonias, tradiciones y prácticas que han sido transmitidas de generación en generación, donde el río es visto como un ser vivo que merece respeto y cuidado”.
“Es indignante que se pretenda construir una cuarta central hidroeléctrica en el río Biobío, y la traición del Estado de Chile al pueblo Pehuenche, que se comprometió a no autorizar más represas en la zona, con un acuerdo con la Corte Interamericana de DDHH de por medio. Nunca se ha hecho una evaluación integral que considere los impactos acumulativos y sinérgicos de las sucesivas centrales que se han ido instalando, degradando en forma cada vez más grave el río y la cuenca de la tercera región con mayor población de nuestro país, severamente afectada por la mayor superficie de plantaciones de todo el territorio nacional”, señaló Juan Pablo Orrego, presidente de ONG Ecosistemas.
Ante estas preocupaciones, las comunidades y organizaciones apuestan por la suspensión inmediata de la construcción y la tala de especies protegidas, una auditoría independiente de los procesos de aprobación ambiental, el cumplimiento de los compromisos internacionales de Chile en derechos humanos y ambientales, y por último, un diálogo efectivo con las comunidades afectadas, basado en justicia ambiental y respeto a los derechos indígenas.
