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- Secretaria de Estado expuso sobre la Mesa de Descarbonización constituida en junio de este año y que durante el primer semestre de 2019 debiera presentar sus propuestas.
- El problema es que ejecución de medidas dependerá exclusivamente de la voluntad de las empresas, ante lo cual diputados solicitaron que el gobierno apueste por políticas públicas y leyes que hagan imperativo el proceso de descarbonización.
Que los acuerdos de la Mesa de Descarbonización sean vinculantes.
Tal fue la solicitud que el diputado Juan Santana (PS)manifestó a la ministra de Energía Susana Jiménez durante la sesión del miércoles 5 de septiembre de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. El planteamiento apuntó a la confirmación por parte de la secretaria de Estado de que las propuestas que realice la Mesa de Descarbonización ya constituida serán de aplicación voluntaria y no imperativa para las empresas.
Dicho espacio, que comenzó a funcionar en junio de este año, está integrado por representantes del gobierno, el sector privado y la sociedad civil, y nació fruto de un acuerdo entre el gobierno y las cuatro empresas que concentran el parque a carbón en Chile: AES Gener, Enel, Engie y Colbún. De estas, AES Gener es la que tiene mayor responsabilidad en las emisiones, con un 56 % de las centrales de este tipo.
La idea es que la Mesa de Descarbonización proponga durante el primer semestre de 2019 un cronograma de retiro y reconversión, que desde distintos sectores se ha planteado debiera ser obligatorio y no solo voluntario.
“Tengo un grado de preocupación respecto a llevar a la práctica lo que de esta mesa se desprenda” señaló el diputado Santana. Esto porque “sus resultados no van a regir las políticas públicas del país en materia de descarbonización”, ante lo cual consultó si “ustedes como ministerio tienen contemplado un proyecto de ley que permita o avance en este esfuerzo, por el cual se constituyó la mesa. O alguna política pública que nos dé claridad a los parlamentarios, sobretodo a los que formamos parte de esta comisión, de que el ministerio va a hacer y va a establecer determinadas iniciativas de ley en estos cuatro años”.
A sus palabras se sumó la diputada Daniela Cicardini (PS), quien señaló que es necesario “que sí nos pongamos plazos. Si bien es una mesa voluntaria, que no es vinculante, es decir ni siquiera el día de mañana estamos viendo si vamos a generar normativa, legislación, porque no está dentro de sus objetivos, pero podría darse, por qué no”.
Ante esto, la ministra Jiménez reconoció que el cronograma que se presente no será vinculante sino voluntario. Sin embargo expresó que “es un compromiso político, al nosotros haber tomado este acuerdo que se llevó a cabo durante la administración anterior. Nosotros tomamos la posta, armamos la mesa de trabajo, por lo tanto tenemos un compromiso de sacarlo adelante y creemos que hay buena disposición para hacerlo”. Por ello, “vemos con optimismo el resultado de aquí a junio de este año”, sin comprometer legislación específica al respecto.
Otro de los puntos controversiales fue cuando Jiménez informó sobre los resultados de un estudio de la consultora Valgesta, ligada a Ramon Galaz y al ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía Andrés Romero. El informe fue recientemente difundido por la prensa nacional, relevando que el retiro de centrales impactaría en las tarifas residenciales de las comunas que cuentan con parque a carbón y que son beneficiadas con rebajas en la cuentas de electricidad según lo estableció la Ley de Equidad Tarifaria.
En este sentido Cicardini indicó que se debiera considerar mantener un mecanismo de compensación. “En todas la zonas de sacrificio que por años llevan instaladas termoeléctricas y otro tipo de plantas que generan todo tipo de impactos negativos para la salud, para el entorno, debería mantenerse el espíritu de compensación” aunque se retiren las centrales en dichos territorios “por un tema de reconocimiento, por lo difícil y complejo que ha sido para muchos de sus habitantes que han debido cambiar rotundamente su calidad de vida, lo cual no es recuperable”.
El documento de Valgesta también alertó sobre los impactos que podría tener la descarbonización en los costos marginales y cierta preocupación con relación a la disponibilidad y capacidad en las localidades donde se podría realizar retiro de centrales. Sobre la incidencia de este informe, la ministra de Energía aclaró que será uno más dentro de varios que se considerarán, tanto del ámbito económico como medioambiental, de salud pública y de operación del sistema eléctrico, muchos de los cuales serán contratados por el propio gobierno.
Valgesta expondrá el mediodía de este miércoles las conclusiones de su estudio este miércoles en la Comisión de Minería y Energía del Senado.
